Bajo el gobierno de AMLO, defensores ambientales sufren violencia sin precedentes
La violencia contra defensores de derechos ambientales se desbordó el año pasado. Hubo 197 eventos de agresión y 24 asesinatos, el año más violento desde 2014, cuando el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) comenzó a documentar las intimidaciones, amenazas, espionaje, hostigamientos y homicidios de los activistas.
En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, de 2019 a 2022, el CEMDA ha documentado al menos 409 eventos de agresión y 82 agresiones letales o asesinatos de defensores ambientales.
Las agresiones tuvieron un aumento de 82.4% en comparación con 2021; mientras que 2022 se coloca en el tercer año con más homicidios. El año más letal fue 2017 con 29 asesinatos de defensores ambientales.
Los 197 eventos de agresión del año pasado conllevan 582 agresiones diversas: intimidación, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, daños a propiedad, criminalización, estigmatización, desalojo forzoso, detención arbitraria, uso indebido de la fuerza, despojo, desaparición, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzoso, difamación, robo, tortura o tratos crueles, allanamiento, privación ilegal de la libertad, secuestro, desaparición forzada y espionaje.
“Al igual que el año pasado, en 2022 la agresión más frecuente fue la intimidación, esta vez con un registro de 148 agresiones, lo que representa el 25.5% del total de agresiones registradas. Es decir, hubo un aumento de 127.7% con relación a los datos registrados durante 2021”, precisa el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2022, que este martes dio a conocer el CEMDA.
El informe enumera entre los defensores del medio ambiente que fueron víctimas del crimen a los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. Sacerdotes, miembros de la parroquia en la iglesia de la comunidad de Cerocahui, en Urique, Chihuahua, y representantes del pueblo indígena rarámuri.
Las entidades con mayor número de eventos de agresión son Oaxaca (34), Ciudad de México (27), Chihuahua (21), Jalisco (20), Chiapas (19), Guerrero (17), Quintana Roo (11), Michoacán (8) y Puebla (7).
Agredidos por protestar contra el Tren Maya
En Oaxaca se registraron agresiones contra activistas que están en contra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; en la Ciudad de México se agredieron a personas de otros estados que se manifestaban en defensa del agua o contra actividades mineras.
“Lo anterior nos da una idea de qué estados fueron los más violentos en el año 2022 y qué megaproyectos están relacionados con ellos, a fin de poner atención como foco de agresiones futuras. Ejemplo de ello es el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya en la península de Yucatán; el Proyecto Integral Morelos, en los estados de Morelos y Puebla; la situación del CIPOG-EZ en Guerrero, así como los casos de minería en Hidalgo, Jalisco, Sonora y Oaxaca”, precisa.
El informe da cuenta de 11 eventos de agresión contra activistas de Quintana Roo que protestaron en contra del Tren Maya, megaproyecto prioritario del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Respecto de las agresiones relacionadas con el proyecto Tren Maya, resulta importante señalar que, los 11 eventos de agresión registrados tuvieron efectos en contra de personas y organizaciones defensoras localizadas en Quintana Roo. Dentro de estos eventos, en 10 ataques se registraron agresiones relacionadas con la estigmatización y el hostigamiento provenientes del titular del Ejecutivo Federal”, enfatiza.
De acuerdo con el informe, los gobiernos son los principales agentes de agresión en contra de defensores del medio ambiente, tierra y territorio.
En 45% de los casos, el agente de agresión contra defensores fue el gobierno, es decir, funcionarios a nivel federal, estatal y municipal, fiscalías, cuerpos militares con tareas de seguridad pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En 21% de los casos no se identificó a los agresores, 13% se atribuyen a la delincuencia, 7% a paramilitares, 6% a personas de la misma comunidad, 5% a caciques, 2% a empresas privadas y 1% a empresas y delincuencia.
